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Gobernanza regulatoria en Bogotá: mejores decisiones públicas

Foto del escritor:  Oficina de prensa. Jurídica Herrera, Sattler & Ossa (HS&O)
Oficina de prensa. Jurídica Herrera, Sattler & Ossa (HS&O)
hace 11 minutos
5 min de lectura

Bogotá, D.C., 29 de octubre de 2026



Sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, Colombia, 15 de junio de 2020. Recuperado de Human Rights Watch. © Defensoría del Pueblo 2020

Jurídica Herrera, Sattler & Ossa participó en la actualización del documento técnico de la Política de Gobernanza Regulatoria del Distrito Capital, una iniciativa orientada a fortalecer la calidad de las decisiones públicas.


Durante 2026, Jurídica Herrera, Sattler & Ossa, en desarrollo de una consultoría para la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, a través de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, participó en la actualización y el fortalecimiento de la Política de Gobernanza Regulatoria del Distrito Capital.


El trabajo se desarrolló en estrecha coordinación con los funcionarios y equipos técnicos de la Secretaría Jurídica Distrital, mediante un ejercicio de análisis jurídico, diagnóstico institucional y formulación de propuestas para modernizar la gestión regulatoria de Bogotá.

Su propósito fue transformar la manera en que la Administración distrital concibe, diseña, implementa y evalúa sus intervenciones regulatorias, incorporando herramientas para adoptar decisiones más eficientes, transparentes, participativas y sustentadas en evidencia.


Un cambio de paradigma: de producir normas a tomar mejores decisiones


Tradicionalmente, la actividad regulatoria de las administraciones públicas ha estado asociada principalmente con la expedición de normas jurídicas. Bajo esta concepción, la respuesta a los problemas públicos suele traducirse en nuevas disposiciones, sin que necesariamente se examine si la regulación constituye el instrumento más adecuado para resolverlos.


La propuesta de actualización plantea superar esta perspectiva a partir de una premisa fundamental: el objetivo de la gobernanza regulatoria no es producir más normas, sino adoptar mejores decisiones públicas.


Esto significa que, antes de elaborar una disposición normativa, la Administración debe identificar con precisión el problema que pretende resolver, determinar sus causas, evaluar las alternativas disponibles y establecer si realmente resulta necesaria una intervención regulatoria.


La expedición de una norma deja así de ser el punto de partida de la actuación administrativa y se convierte en una de las posibles respuestas a un problema público previamente identificado.


1. Planeación: el punto de partida de la gestión regulatoria


El primer gran cambio propuesto consiste en fortalecer la planeación dentro del Ciclo de Gobernanza Regulatoria. Esta adquiere un papel estratégico porque permite anticipar las necesidades de intervención, establecer prioridades y coordinar las actuaciones de las entidades distritales.


En este contexto, la Agenda Regulatoria deja de concebirse como un simple inventario de proyectos normativos y pasa a constituirse en una herramienta de planeación, priorización y coordinación institucional.


Su formulación debe articularse con los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo y responder a los problemas públicos que requieren atención por parte de la Administración. Este enfoque permite orientar los esfuerzos institucionales hacia las intervenciones que generan mayor valor público y evitar la expedición de disposiciones innecesarias o insuficientemente justificadas. La planeación se convierte, así, en la base de una regulación más racional, coherente y eficaz.


2. Proporcionalidad y evaluación: analizar los impactos y verificar los resultados


El segundo gran cambio incorpora un enfoque de proporcionalidad en la utilización de los instrumentos de mejora regulatoria y fortalece la evaluación posterior de las regulaciones.


Un análisis de impacto acorde con cada intervención

La premisa es sencilla: no todas las decisiones regulatorias requieren el mismo esfuerzo de análisis.


El Análisis de Impacto Normativo (AIN) permite examinar los efectos previsibles de las intervenciones regulatorias, identificar sus costos y beneficios y comparar las alternativas disponibles. Sin embargo, su profundidad debe corresponder a la complejidad del problema, los riesgos asociados y la magnitud de los efectos esperados.


De esta manera, las intervenciones de menor complejidad pueden someterse a procedimientos de análisis más sencillos, mientras que aquellas que generan impactos significativos requieren evaluaciones más completas.


La proporcionalidad permite utilizar de manera eficiente los recursos institucionales, sin renunciar al rigor técnico necesario para adoptar decisiones debidamente fundamentadas.


Evaluación ex post: comprobar si las regulaciones cumplen sus objetivos


La actividad regulatoria no debe concluir con la expedición de una disposición normativa. También resulta necesario establecer si las medidas adoptadas contribuyen efectivamente a solucionar los problemas que justificaron su expedición.


La evaluación ex post permite examinar los resultados de las regulaciones existentes y determinar si deben mantenerse, modificarse, simplificarse o derogarse.


Este instrumento contribuye a evitar la acumulación de disposiciones innecesarias, reducir cargas regulatorias injustificadas y mejorar progresivamente la calidad del ordenamiento jurídico.


3. Participación ciudadana e innovación tecnológica


El tercer gran cambio busca fortalecer la participación durante todo el ciclo regulatorio e incorporar herramientas tecnológicas que apoyen la gestión pública.


Participación durante todo el ciclo regulatorio


Los ciudadanos, los sectores económicos, las organizaciones sociales y los demás actores interesados dejan de ser simples destinatarios de las disposiciones normativas para convertirse en participantes activos de su construcción y evaluación.


La participación no debe limitarse a la publicación de proyectos normativos para recibir observaciones. Debe promoverse desde la identificación de los problemas públicos, continuar durante la formulación y evaluación de alternativas y extenderse a la valoración de los resultados de las intervenciones adoptadas.


Este modelo contribuye a mejorar la calidad de las decisiones públicas, fortalecer su legitimidad y aprovechar el conocimiento y la experiencia de los distintos sectores de la sociedad.


Una regulación más participativa es también una regulación mejor informada y con mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos.


Tecnología e inteligencia artificial al servicio de la regulación


La propuesta también incorpora una perspectiva de innovación tecnológica para modernizar los instrumentos de gestión regulatoria.


En particular, promueve el aprovechamiento de nuevas tecnologías para mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información, facilitar el acceso a los documentos regulatorios y fortalecer la trazabilidad de las decisiones públicas.


Asimismo, contempla la utilización de herramientas de inteligencia artificial como apoyo para el análisis de información, la formulación de alternativas y la elaboración de proyectos normativos.


Estas tecnologías pueden incrementar la capacidad institucional para procesar información, identificar problemas y mejorar la calidad técnica de las decisiones. Su utilización debe desarrollarse bajo criterios de supervisión y responsabilidad institucional, de manera que complemente el juicio de las autoridades encargadas de decidir.


La innovación tecnológica se incorpora, de esta manera, como un instrumento para construir una Administración más eficiente, transparente y accesible.


Una hoja de ruta para fortalecer la gobernanza regulatoria en Bogotá


Como resultado de la consultoría, se actualizó el documento técnico de la Política de Gobernanza Regulatoria del Distrito Capital, mediante la formulación de un modelo integral que articula planeación, análisis de impacto normativo, participación ciudadana, calidad normativa, innovación tecnológica y evaluación de resultados.


La propuesta ofrece herramientas y lineamientos para fortalecer las capacidades institucionales de Bogotá y orientar su actividad regulatoria hacia decisiones más coherentes, transparentes, proporcionales y eficaces.


Más allá de incorporar nuevos instrumentos, esta actualización plantea una transformación en la manera de comprender la función regulatoria del Estado: identificar problemas, evaluar alternativas, adoptar decisiones y verificar sus resultados.


El derecho como herramienta de transformación institucional


La participación de Jurídica Herrera, Sattler & Ossa en este proyecto reafirma la experiencia de la firma en consultoría jurídica estratégica, derecho público, diseño de políticas públicas, modernización institucional y gobernanza regulatoria.


El acompañamiento jurídico a las entidades públicas también comprende la formulación de soluciones institucionales que permitan mejorar el funcionamiento de la Administración y fortalecer la calidad de sus decisiones.


La actualización del documento técnico de la Política de Gobernanza Regulatoria de Bogotá constituye una expresión de esta visión del ejercicio profesional.

El derecho permite diseñar mejores instituciones, mejorar las decisiones públicas y contribuir al desarrollo de la sociedad.

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